Arq. Susana Salvatierra
Comisión de Desarrollo Social
CARTA ABIERTA TUCUMAN
Enero 2011
Es altamente probable que, los que lean este artículo, habiten en una vivienda. Redondeando, unos serán parte del 9% que alquilan, otros del 76% propietario. Existe un 14% cuya situación no está dentro de las anteriores -y que quizás coincida con el 14% de población NBI- Especialmente para ellos va dedicado lo que sigue....Desde 1976 al 2002, del total de vivienda social producida en too el país por FONAVI se registra 16,5% durante la dictadura, 26,10% durante en Gobierno Radical, 49,40% durante el neoliberalismo y un 11% en el breve gobierno de la Alianza. Los porcentajes no expresan la calidad de vivienda –en los estándares oficiales de calidad de construcción de vivienda social, la aislación hidrotérmica es requerimiento desde el año 2000- ni vinculan los períodos de tiempo de cada administración, como tampoco lo hecho por otras operatorias.
Continuará…
II Parte
Arq. Susana Salvatierra
Febrero 2011
Cuando una familia logra cierta estabilidad en sus ingresos, invierte el fruto de su esfuerzo en su cobijo, Su Casa, sea para mejorarla material y legalmente o para adquirirla. Pertenecer a un lugar, a un barrio, a una comunidad, son parte de su ser en la vida. La lógica inversa de este comportamiento, es lo que comienza desde los ’90, alcanzando su pico máximo del 2000 al 2003. Las familias ponen todos los esfuerzos en el sustento diario. En las zonas urbanas, el desempleo, el empleo informal y mal pago, condicionan negativamente al mantenimiento de una vivienda digna. La gestión del hábitat en los tiempos de la devaluación, como otros temas de Estado, se desarrolla en el marco de mecanismos de corrupción, favorecido por el marco legal y los laberintos administrativos –cuya edad de oro fueron los ’90- como algunas disposiciones legales por las que, de las partidas presupuestarias provinciales, se podía disponer del 50% -y hasta un 75%- sin rendición posterior .
La situación socio-habitacional alcanza lamentables niveles históricos. Del Censo 2001 se sabe que, el 14% de hogares pertenecían a población NBI, que el 24% de hogares habitaban en condiciones deficitarias , que por estos años la desocupación ronda el 17% del total de la población activa. La mitad de los hogares deficitarios corresponda a familias con NBI, pero la otra mitad se compone de la clase media baja empobrecida.
De 2001 a 2003, las varias administraciones se limitan a frenar los efectos de la crisis político-económica sobre la población, siguiendo el oráculo de organismos internacionales, no sin grandes presiones. Lamentablemente el daño, que ya era profundo y estructural, amplió su radio de influencia, sumiendo en la miseria a nuevos hogares. Se resigna la inversión en vivienda desde la obra privada, como desde la pública. Las respuestas del Estado generaron situaciones de mayor dependencia de los sectores más vulnerables, quitando el valor humano al trabajo, promoviendo el modelo de ciudadanos pobres, sin recursos para su superación, esclavos del clientelismo político, los excluidos de la sociedad para los que la vivienda era algo que no les había tocado en suerte. Una nueva generación desaparecida, exenta de la dignidad de los derechos constitucionales. En mayo de 2003, el país contaba con un 22% desempleo y los hogares en situación NBI llegaron casi al 40%. En ese contexto asume la presidencia Néstor Kirchner.
Reconociendo la compleja situación socio-habitacional, la nueva administración se propone soluciones urgentes para la población más vulnerable, pero el marco era de una economía en crisis y en un esquema administrativo que no favorecía para la magnitud de lo que había que atender. Entonces, se ve una oportunidad: atacar el déficit habitacional conjuntamente con bajar los niveles de desempleo, concientes de que cualquier inversión en vivienda, genera resultados positivos a corto y mediano plazo y produce impactos superadores a nivel social. Así, se diseña un modelo de gestión socio habitacional, basado en los datos del Censo 2001 y como parte de una compleja red de obra pública. El esquema administrativo se modifica creando el Ministerio de Planificación y Servicios, en donde se ubica la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda –hasta nuestros días- volviendo a concentrar las operatorias, fortaleciendo la gestión de dicho organismo nacional y de un sistema federal de vivienda, replicando este esquema en las provincias, que en la mayoría de los casos cuentan con entes autárquicos dedicados a la vivienda y al desarrollo urbano.
En esta coyuntura, gracias a los datos del Censo 2001 y a los de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001, la acción política se orienta a la atención del 79% de los hogares deficitarios, correspondiente a familias de bajos y medio bajos recursos. En el 2004 se ponen en marcha el Plan Federal de Viviendas y, de forma sucesiva, veinticinco operatorias más, entre programas existentes y nuevos, que abarcan la diversidad de situaciones: falta de vivienda, vivienda precaria, en mal estado, con falencia de servicios, hacinamiento, tenencia irregular, pérdida de vivienda por catástrofe, vivienda rural, para comunidades de pueblos originarios, villas de emergencia. Se abre la participación de organizaciones sociales: cooperativas, asociaciones, grupos religiosos, organizaciones de base, que se ajustan a la formalidad de los programas, madurando como organización social, fortaleciendo su autonomía, mejorando las condiciones de vida de sus integrantes y vecinos, y recomponiendo lazos sociales basados en la dignidad y la solidaridad. Ejemplo de esto son La Tupac y Misión Sueños Compartidos, entre muchas otras en todo el país. En 2005, los programas Federales de Emergencia Habitacional y de Solidaridad Habitacional, son la punta de lanza de los objetivos planteados de contribuir al empleo y la mejora de las condiciones de habitabilidad. Los programas son financiados parcialmente por organismos internacionales, en su mayoría, pero a medida que el PBI muestra niveles de notoria mejoría, se plantea la regularización del fondo de recupero de viviendas –formado principalmente por las cuotas que los propietarios deben abonar- recaudando montos que se reinvierten en obras.
En cuanto a la formalidad, para acceder a los programas, cada gobernador de provincia firma el Convenio Marco con la Nación. Luego, se presentan los proyectos de obra para cada programa solicitado, una vez aprobados, se formalizan convenios particulares, explicitando cantidad, tipos, modos, plazos y montos de obra, y en algunos programas, los datos de las familias a beneficiar. De alguna manera, el modelo formal obliga a la presencia del gobierno local en la búsqueda de la solución habitacional y a la rendición de cuentas de los fondos.
Ante la falta de datos procesados del censo 2010, no se puede estimar los resultados de esta política desde 2003 al 2007. Se puede arriesgar que, según los datos consignados por el monitoreo de la gestión, que, por un lado, de la inversión prevista se pagó –ejecutó- el 70% hasta el 2007, cuyo saldo positivo se suma al plan de obras del gobierno de Cristina Fernández; por otro lado, la política de vivienda puso sobre tablas el estado real de la crisis sobre la población y sobre la administración del Estado, muy deteriorada para hacer frente a los grandes desafíos que se plantean desde el 2003, rediseñando la gestión y las competencias de muchos sectores de la administración nacional. La agudeza de Néstor Kirchner y su equipo para proponer y acompañar cambios profundos en la administración nacional de la obra pública -que si bien no llegaron aún a algunos reductos de provincias que continúan con esquemas de inmobiliarias y empresas constructoras particulares- sacó de la inercia a los recursos del Estado y los puso al servicio de los que habían pagado el precio de la obscena fiesta de la pizza con champán y el sushi.
¿Lo que falta? Son demasiados los temas que se plantean como prioritarios. Quizás, el principal sea generar los cambios legales y administrativos para que lo logrado hasta aquí, se sostenga en el tiempo y a pesar de los gobiernos. Un ejemplo de la necesidad y la urgencia de esto, es lo sucedido en CABA, con Villa Soldati y la absoluta ausencia del Estado local en la responsabilidad de la vivienda y el hábitat social. Pensemos, dentro de los mismos derechos humanos garantizados por la Constitución ¿qué sucedería si algún gobernante considera que los pobladores de su jurisdicción no necesitan la BCG? ¿O la educación secundaria pública? En esos mismos términos de importancia se encuentra la vivienda y el hábitat.
Luego, y aprovechando los canales de participación a organizaciones de base, repensar como sociedad cuál es el sentido de la propiedad privada en nuestro país y cuál sería una situación superadora a la actual, la que a pesar de los gobiernos y las políticas, sigue alimentando las fortunas de unos cuantos gracias a la especulación inmobiliaria.
También sería deseable fortalecer aquellos programas que permiten la intervención directa de los futuros propietarios, el diseño participativo, la autoconstrucción asistida, los créditos sociales, porque, como lo afirman numerosos autores, las ciudades crecen sin necesidad de arquitectos, y agregaría, ni de empresas constructoras. En este sentido, la clase media se favoreció con líneas de crédito accesibles para invertir en su propiedad y bienes, sumando en el del circuito productivo de la construcción.
Finalmente, por un interés personal, pero también porque considero una deuda histórica, una política de vivienda que contemple la elección de vivir en zonas rurales. Nuestro país presume de su producción agrícola-ganadera y de las grandes extensiones de territorio, pero el éxodo del campo no ha cesado -la posibilidad de tener algo propio y progresar está ilusoriamente asociada a la ciudad- y los conflictos con las comunidades de pueblos originarios han cobrado demasiadas vidas en éstos últimos años.
Considero que, con todo lo hecho hasta aquí desde el 2003, estos puntos de agenda son más que alcanzables, las condiciones de base están dadas y lo que se haga en este sentido fortalecerá esta política socio habitacional pensada para la mayoría.
A modo de cierre: quiero agradecer a Néstor Kirchner por haberme dado la posibilidad de devolver con mi trabajo desde el Estado, de alguna manera, a una parte de los argentinos que pagaron por mi educación pública y gratuita, para que tuviera la oportunidad que muchos de sus hijos no tuvieron: ser una profesional y
